Según una nota distribuida a varias agencias, el Gobierno aprobará una gran reforma de la Ley General Tributaria para adecuarla a la ley contra el fraude fiscal.

De momento, solo se han trazado las grandes líneas. Uno de los cambios más relevantes afecta a las inspecciones fiscales. Para ello, se ampliará el límite máximo que puede durar una inspección tributaria. Una medida que se contrarrestará con una mayor clarificación de los supuestos de interrupción del proceso inspector. También fijará las reglas para el cobro en vía administrativa de deudas fiscales que han derivado en delitos.

La pretensión de agilizar los trámites también afectará a los Tribunales Económico-Administrativos, introduciendo la notificación electrónica para las reclamaciones que se interpongan. Además, se reforzará el papel del TEAC para unificar la doctrina.

Por último, Hacienda pretende reformar la normativa del contrabando siguiendo los cambios ya realizados en la figura del delito fiscal. El objetivo último es permitir que la apertura de la vía penal en un caso de delito de contrabando no suspenda el proceso administrativo de la Agencia Tributaria. Así se aceleraría y aseguraría la liquidación y cobro de deuda tributarias y aduaneras derivadas del contrabando.